En México, la explotación laboral podría ser castigada con 12 Años de prisión
En una histórica decisión, la Cámara de Diputados ha aprobado modificaciones a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, estableciendo que las jornadas laborales que excedan las 48 horas podrían ser consideradas una forma de explotación laboral, llevando consigo penas de hasta 12 años de prisión.
De acuerdo con El Economista, la enmienda se suma a la reciente discusión para aumentar el mínimo de descanso semanal de uno a dos días, reduciendo automáticamente la jornada laboral de 48 a 40 horas por semana.
Esta iniciativa busca no solo fortalecer los derechos laborales, sino también combatir la trata de personas, reconociendo a trabajadoras y trabajadores como víctimas de este delito.
El desempleo, la desigualdad, la pobreza, la violencia, la impunidad, la corrupción, la discriminación, los flujos migratorios y la delincuencia organizada son factores que, según el dictamen avalado por la Cámara de Diputados, exponen a miles de personas trabajadoras a situaciones de vulnerabilidad, aumentando el riesgo de ser explotadas laboralmente.
La reforma modifica el artículo 21 de la ley contra la trata, estableciendo sanciones que van desde tres hasta 10 años de prisión, así como multas que oscilan entre 5 mil y 50 mil días, para quienes exploten laboralmente a una o más personas.
El cambio más significativo es la adición de una nueva categoría de explotación laboral: “Jornadas de trabajo por encima de lo estipulado por la ley”. Y en casos que involucren a personas indígenas o afromexicanas, las penas podrían alcanzar hasta 12 años de prisión y multas de 7 mil a 70 mil días.
Esta reforma marca un hito en la protección de los derechos laborales, reflejando un cambio cultural significativo hacia un enfoque más humano y equitativo en el ámbito laboral.
La priorización del bienestar y la salud mental de las personas trabajadoras sobre las largas jornadas laborales evidencia un paso crucial hacia un entorno laboral más justo y sostenible. La propuesta ahora pasa al Senado de la República para su revisión, llevando consigo la esperanza de una legislación que proteja a las personas en su ámbito laboral.
