En México, la Suprema Corte limita la validez de las cartas de renuncia

En México, la Suprema Corte limita la validez de las cartas de renuncia

¡Una buena noticia para los trabajadores mexicanos! La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido una nueva jurisprudencia que limita la validez de las cartas de renuncia en el ámbito laboral.

A partir de ahora, una simple firma en un documento de renuncia ya no será considerada como prueba suficiente para demostrar que un trabajador dejó su empleo de forma voluntaria.

La Segunda Sala de la SCJN ha determinado que las cartas de renuncia deben ser interpretadas de manera amplia y no como la única forma de conocer la verdad sobre la situación laboral. Ahora, para que sea aceptada como prueba durante un juicio, será necesario demostrar indisputablemente que el trabajador la firmó de manera autónoma y unilateral.

Dicha modificación reconoce que existe una asimetría de poder entre los trabajadores y las empresas, por lo que busca garantizar que todas las cuestiones relevantes sean consideradas durante las demandas por despido injustificado, además de que los juzgados estarán obligados a analizar el contexto en el que se dio la firma de una carta de renuncia.

Es importante destacar que la jurisprudencia anterior emitida por la SCJN en 2020 ya establecía que la coexistencia de una firma y una huella digital en una renuncia no es suficiente para validarla como prueba, ya que la falsedad de cualquiera de estos elementos puede invalidarla.

La nueva jurisprudencia reconoce que las empresas pueden utilizar prácticas coercitivas o viciar la voluntad de los trabajadores al obtener renuncias. Por lo tanto, el simple hecho de contar con un documento firmado no refleja necesariamente la voluntad unilateral y espontánea del mismo.

Los tribunales deberán estar alerta y analizar las circunstancias en las que se presentó la renuncia para determinar su validez. Aquellos que cometan estas faltas pueden enfrentar sanciones, incluyendo multas y, en el caso de servidores públicos, se les podría involucrar en delitos contra la administración de justicia.

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