10 millones de personas trabajan como informarles en empleos formales

10 millones de personas trabajan como informarles en empleos formales

Desafortunadamente, en México no es suficiente con tener un empleo considerado como “formal”. Según una reciente investigación, casi 10 millones de personas trabajan como si fueran informales debido a la falta de prestaciones.

De acuerdo con El Economista, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), señala que más de 9.8 millones de personas que trabajan en una empresa de manera formal o en una institución gubernamental, tienen las mismas condiciones que un trabajador informal.

Esto quiere decir que una de cada tres personas que labora en esta clase de empresas no tiene acceso a la seguridad social, paga impuestos, no cuenta con ahorro para la vivienda y la jubilación, protección contra el desempleo y sin ingresos ante un accidente, enfermedad o permisos de maternidad.

Luis Munguía, presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, comentó al sitio de El Economista que: “mucho se habla de que la mitad de los trabajadores está en la informalidad, pero de estos, alrededor de un tercio trabaja en empresas formales (…) y paga el Impuesto sobre la Renta (ISR) cada mes al SAT, solo que no tiene seguridad social porque su empresa no los registra en el IMSS”.

Así mismo, el estudio no tarda en exponer la diferencia entre dichas prestaciones en relación con el género de los trabajadores.

Para empezar, el 66% de la población que no tiene derechos laborales y sociales básicos en las empresas son hombres, mientras que, en las organizaciones gubernamentales, el 54% de la población sin prestaciones son mujeres.

Y en cuanto a las empresas formales que más siguen esta tendencia, están las que se dedican al comercio, el turismo, el transporte, los medios de comunicación, organismos internacionales, de impartición de justicia y legislativos.

Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador del Observatorio de Trabajo Digno, declaró a El Economista que este fenómeno es resultado de la corrupción de empresas y de las mismas autoridades que no respetan los derechos humanos laborales, la subcontratación y, en especial, a la cultura del trabajo en el país.

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